En la intimidad del domicilio

"Todo el mundo sabe que la mayoría de personas que cuidan a nuestras personas mayores son en su gran mayoría mujeres inmigrantes"

Tuvimos que vivir una pandemia para darnos cuenta que el trabajo de los cuidados es necesario e imprescindible para sostener la vida. Tanto así que las trabajadoras de los cuidados fueron consideradas esenciales durante la pandemia. Esenciales sí, pero muchas de ellas al desplazarse para ir a trabajar tenían más miedo a acabar con una orden de deportación que a contagiarse de coronavirus.

Todo el mundo sabe que la mayoría de personas que cuidan a nuestras personas mayores son en su gran mayoría mujeres inmigrantes, pero ¿nos hemos preguntado cuáles son sus condiciones laborales?

Durante la pandemia las mujeres cuidadoras de personas mayores han tenido que desplazarse para acudir a su lugar de trabajo, un domicilio, donde les esperaba una persona mayor, la cual sin su ayuda no hubiese podido levantarse de la cama, ducharse, comer y realizar las actividades de la vida diaria. Incluso, en la mayoría de las veces, la persona cuidadora es con la única que conversan en días, con la que tienen contacto a diario y de la cual reciben muestras de cariño, fruto de este vínculo que se crea en una relación cuidado.

 

Muchas de estas mujeres trabajadoras no tienen su situación administrativa regularizada, “no tienen papeles”, trabajan en la economía sumergida. Durante la pandemia fueron consideradas un servicio esencial. Por lo que podían desplazarse, pero la mayoría de empleadoras y empleadores se negaron a firmarles un documento certificando que se desplazaban por motivos laborales. Lo que las expuso a identificaciones y multas, lo que les generaba estrés, preocupación y miedo durante el trayecto.

Muchas de estas trabajadoras fueron despedidas a través de un mensaje de whatsapp, otras tantas vieron cómo su jornada laboral se alargaba de manera exponencial al quedar confinadas con la persona que cuidan, por el mismo sueldo. Las familias empleadoras no les proporcionaron material de protección, como mascarillas y guantes, lo que provocó que un gran número de mujeres cuidadoras de personas que habían dado positivo de coronavirus acabasen contagiadas. Estas trabajadoras, que llevan años organizadas con el apoyo de organizaciones sindicales, de defensa de derechos humanos, asociaciones de vecinos, denuncian las situaciones de explotación laboral que se viven en el trabajo de los cuidados. Sueldos muy por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI), jornadas laborales interminables, 9 o 10 horas de descanso semanales, retención de documentación, amenazas con deportación si reclaman sus derechos laborales y, en algunos casos, abusos sexuales. Esta falta de derechos provoca problemas de salud física, psicológica y emocional en las mujeres trabajadoras.

Todas estas situaciones abuso y explotación se dan en domicilios de nuestra comunidad, ejercidos no por personas malvadas, sino por vecinas y vecinos que amparados en la intimidad del domicilio ejercen opresión con aquellas personas que saben que difícilmente denuncian estas situaciones, por no tener “papeles” o de una red social fuerte.

Hay quien defiende que una regularización extraordinaria sería un efecto llamada y que dotaría de derechos a un gran número de personas que sería inasumible. Sin embargo, dotar de derechos a nuestras vecinas y vecinos de origen inmigrante es de justicia social y nos acercará a ser realmente esa sociedad democrática y acogedora de la que tanto hacemos gala.

La opresión deshumaniza a quien es oprimido, pero también al opresor y a quien no hace nada para evitarlo. Por tanto, es el deber de todas y todos movilizarnos por unos servicios públicos de calidad que velen por las necesidades de cuidado de nuestras personas mayores y por los derechos de nuestras vecinas y vecinos de origen inmigrante.

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